En Salta, la poda o extracción de árboles sin la debida autorización municipal puede resultar en multas sustanciales, generando un dilema para los ciudadanos entre enfrentar costosos pagos o arriesgarse a hacer el trabajo por cuenta propia y enfrentar las consecuencias legales.
Según la Ordenanza 15.675, las multas por estas actividades no autorizadas varían significativamente. Para árboles comunes, las personas físicas se enfrentan a multas que oscilan entre 170 mil pesos y 850 mil pesos por cada árbol afectado. Las empresas, por su parte, pueden enfrentar multas mucho más altas, que van desde los 3.400.000 pesos hasta los 17.000.000 de pesos, dependiendo del tipo de acción realizada.
La reglamentación, implementada por la Municipalidad de Salta, tiene como objetivo proteger el patrimonio arbóreo urbano y asegurar que cualquier intervención se realice de manera responsable y bajo supervisión adecuada. Justo Herrera, juez del Tribunal de Faltas, subraya la importancia de cumplir con estas normativas, especialmente durante esta temporada del año, cuando las intervenciones no autorizadas suelen incrementarse.
«El operativo de poda o extracción debe ser realizado por personal capacitado y autorizado. Recientemente hemos tenido que intervenir en casos de extracción ilegal, destacando la necesidad de que los vecinos acudan a los podadores registrados por la Municipalidad», afirmó Herrera.
Los árboles se clasifican en comunes y distinguidos, categorizados según su tamaño, edad, especie y el riesgo que representan. Las multas varían en función de esta clasificación, siendo significativamente más altas para los árboles distinguidos, con montos que pueden llegar hasta los 32 millones de pesos por cada infracción grave.
Para solicitar la autorización necesaria, los frentistas deben realizar el pedido a través de la plataforma Salta Activa, disponible en el sitio web oficial de la Municipalidad. El procedimiento incluye adjuntar fotografías del árbol en cuestión y especificar la ubicación exacta del mismo. Una vez autorizado, los ciudadanos tienen la opción de utilizar el servicio gratuito de la cuadrilla ambiental municipal o contratar los servicios de podadores registrados.
El objetivo final es no solo regular las intervenciones en el arbolado urbano, sino también fomentar prácticas responsables que conserven y protejan el entorno natural de Salta. Sin embargo, la imposición de multas elevadas ha generado preocupación entre algunos ciudadanos.
«Esto es absurdo», expresó indignada Antonella, una residente de la zona céntrica de Salta. «Llevo semanas intentando comunicarme con la Municipalidad para solicitar una poda en mi vereda porque las ramas del árbol están llegando a los cables de luz, pero no tengo respuesta. Mientras tanto, me entero de que las multas por poda sin permiso pueden alcanzar cifras altísimas. Es injusto que nos exijan cumplir con todas estas normativas sin brindar el apoyo necesario para hacerlo bien».
Esta situación refleja un desafío significativo para las autoridades locales, quienes deben equilibrar la aplicación rigurosa de las normativas ambientales con la prestación efectiva de servicios y la respuesta oportuna a las necesidades de los ciudadanos.
