La Cámara de Diputados aprobó en primera instancia la Ley Finocchiaro, un proyecto que clasifica la educación como un “servicio estratégico esencial” y exige que las escuelas mantengan una guardia mínima de personal durante las huelgas. La medida, que busca garantizar la continuidad educativa en tiempos de paro, fue aprobada con 131 votos a favor, 95 en contra y 2 abstenciones.
El proyecto, presentado por Alejandro Finocchiaro, ex ministro de Educación y actual presidente de la Comisión de Educación, y respaldado por miembros de la Coalición Cívica y de la UCR, establece que durante los dos primeros días de una huelga, al menos el 30% del personal de la escuela debe permanecer en función. Si el paro se extiende más allá de este período, el porcentaje de personal requerido se incrementará al 50%. La medida pretende equilibrar el derecho a la huelga con el derecho de los estudiantes a recibir educación continua.
Durante el debate, Finocchiaro argumentó que la ley busca regular el ejercicio del derecho a huelga en el ámbito educativo, subrayando que «ningún derecho de la Constitución es absoluto». A su vez, María Eugenia Vidal, del PRO, defendió la ley como una medida contra las «extorsiones sindicales», mientras que Silvia Lopesnato, de la Coalición Cívica, sostuvo que la ley reafirma la importancia de la educación en la sociedad.
Por otro lado, los bloques de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda criticaron el proyecto, alegando que atenta contra el derecho a la huelga de los docentes. Itai Hagman, de Unión por la Patria, consideró que la ley es un “engaño semántico” que ignora otros problemas estructurales del sistema educativo. En esta línea, Germán Martínez, jefe de la bancada de Unión por la Patria, cuestionó la eficacia de las guardias mínimas y advirtió sobre el desfinanciamiento del sistema educativo, argumentando que el proyecto desatiende los problemas reales del sector.
Ahora, el proyecto se dirige al Senado para su evaluación final. La ley ha desatado un intenso debate sobre el equilibrio entre el derecho a la huelga y el derecho a la educación, evidenciando las tensiones existentes en torno a la gestión y financiamiento del sistema educativo.
