Después de un prolongado proceso judicial de cuatro años, la justicia ha tomado una decisión significativa en el caso que involucra al intendente de Vaqueros, Daniel Moreno. Moreno será juzgado por acusaciones de abuso sexual que datan de 2019. La denuncia fue presentada por Marina Córdoba, quien en ese momento ocupaba el cargo de directora de Desarrollo Económico en el municipio de Vaqueros y también ejercía funciones en la Secretaría de la Mesa de Desarrollo Territorial del departamento de La Caldera.
Marina Córdoba se acercó a las instalaciones de El10Tv para narrar la atroz experiencia que le tocó vivir:
Córdoba denunció tanto a Moreno como a Daniel Romero, otro funcionario del municipio, en 2021. Tras la denuncia, Córdoba solicitó licencia y, tras la imposición de medidas cautelares por parte de la justicia, empezó a enfrentar violencia laboral. Fue separada de su puesto en la Municipalidad y, posteriormente, se le ordenó, sin respaldo legal, someterse a un tratamiento psicológico o psiquiátrico en el hospital Ragone, a pesar de que ya estaba en terapia privada.
Córdoba recurrió a múltiples instancias en busca de apoyo, incluyendo el Área de la Mujer del municipio, el sindicato UPCN, y la Secretaría de Trabajo, pero no recibió respuesta alguna. Durante sus 13 años de servicio en la Municipalidad de Vaqueros, y tras hacer pública su denuncia en 2019, Córdoba sufrió diversas formas de hostigamiento laboral, incluyendo la sustracción de objetos personales, daños a sus pertenencias, y actos de vandalismo en su lugar de trabajo.
El caso del intendente de Vaqueros pone en evidencia una preocupante realidad: el abuso sexual no solo afecta a las víctimas en lo personal, sino que puede extender su impacto al ámbito laboral y a las instituciones. La experiencia de Marina Córdoba destaca la urgente necesidad de denunciar estos maltratos y ofrecer apoyo a quienes se atreven a hacerlo. Enfrentar el abuso sexual requiere no solo de justicia, sino también de un entorno que respalde a las víctimas y asegure que sus denuncias sean escuchadas y protegidas. Es crucial que tanto las autoridades como la sociedad en su conjunto trabajen para erradicar el abuso sexual y crear espacios seguros donde las víctimas reciban el apoyo y la protección que merecen.
