La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) está considerando una decisión significativa que afectaría directamente a las pequeñas y medianas empresas, así como a otras entidades sin fines de lucro. La propuesta apunta a extender hasta el 31 de julio de 2024 las ejecuciones fiscales y los embargos. Una fecha próxima a cumplirse. Según pudo confirmar El Cronista, con fuentes directas de los sectores involucrados a quienes ya se lo notificaron, la medida se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2024. Mientras que en AFIP no dieron una respuesta frente a la consulta.
Esta iniciativa ha surgido tras intensas negociaciones y solicitudes del sector pyme al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quienes argumentan que es esencial para mitigar el impacto de la actual depresión económica. A pesar de un leve repunte del 2,3% en el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) en mayo, impulsado principalmente por el sector agrícola, los indicadores de recaudación de impuestos vinculados al consumo reflejan una persistente debilidad económica que podría empeorar en los próximos meses.
Sin embargo, la AFIP aún no ha confirmado oficialmente esta prórroga, dado que existe la preocupación de que podría desincentivar el Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social establecido por la Ley 27.743. Este régimen permite saldar deudas acumuladas hasta el 31 de marzo de 2024 mediante diversos programas de pago, que constituyen una fuente vital de ingresos para el Gobierno.
La discusión sobre la extensión de los plazos para los embargos y las ejecuciones fiscales se produce en un momento crítico para las empresas y contribuyentes afectados, quienes esperan con ansias una decisión definitiva que alivie su carga financiera y propicie condiciones más favorables para la recuperación económica en el sector pyme.
